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Estrategia Agro21

 

Índice de contenido

 

·          Marco General

·          Áreas Estratégicas

·          Políticas y Acciones

·          Anexos

 

Resumen ejecutivo

 

La estrategia Agro21 se formula tomando en cuenta las condiciones cambiantes del entorno nacional e internacional, pero principalmente las limitaciones que enfrentan las agrocadenas y que se relacionan con productividad, la asociatividad y capacidad gerencial de las organizaciones, el financiamiento, la infraestructura de producción y comercialización, en especial para los pequeños y medianos productores.

 

Se reconoce que el productor ve obstaculizada su labor como consecuencia también de la deficiencia en los servicios que deben suministrar instancias fuera del sector como son aquellas relacionadas directamente con la infraestructura de apoyo para movilización de la producción dentro y fuera de las zonas productoras y que se vinculan con los caminos rurales, puertos, aeropuertos, control en aduanas y trámites. Todo ello resume la falta de rentabilidad y competitividad de las cadenas agroproductivas, principalmente aquellas en manos de pequeños productores y las identificadas como sensibles.

 

Se analiza la capacidad de respuesta de la institucionalidad pública, tanto agropecuaria, como de otros sectores, y se formula un marco estratégico que incluye la nueva misión y visión para el sector; así como los objetivos que orientan el accionar en función de seis áreas estratégicas a saber:

 

·           Producción sostenible con calidad

·           Apoyo al comercio agropecuario

·           Desarrollo empresarial

·           Financiamiento agropecuario

·           Institucionalidad pública agropecuaria

·           Seguridad alimentaria

 

Cada una de estas áreas estratégicas cuenta con sus correspondientes programas, proyectos y acciones institucionales, que buscan iincrementar la productividad y diversificación agropecuaria mediante la innovación y adopción tecnológica, que permita reducir la brecha tecnológica de los pequeños y medianos productores y el logro de una producción competitiva y sostenible.

 

En el tema comercial se identifican la organización gremial, gestión empresarial, desarrollo de mercados de servicios; el fortalecimiento de los servicios estatales en materia institucional, aduanas, sanidad, normalización y comercialización para un mejor aprovechamiento de las oportunidades comerciales.

 

En desarrollo empresarial se establece que la transformación de los agricultores implica desarrollar un sistema de gestión empresarial que consolide la creación de agroempresas y el mejoramiento de la capacidad técnica de las organizaciones.

 

Para lograr estos cambios es necesario contar con apoyo financiero adaptado a la demanda, que favorezca el crédito a formas asociativas de productores y a actividades productivas innovadoras; complementado con mecanismos de gestión del riesgo como el seguro agropecuario, garantías para los préstamos en los casos que se justifiquen económicamente y de servicios no financieros que cubran la asesoría y asistencia técnica.

 

Se requiere también de servicios estatales eficientes que acompañen al sector privado en la búsqueda de la competitividad, sostenibilidad y equidad, así como la actualización del marco legal existente y proponer nuevas leyes que garanticen una operación eficiente y eficaz, acorde con las demandas del sector productivo y las condiciones del nuevo entorno, nacional e internacional.

 

La seguridad alimentaria es prioritaria dentro de la agenda nacional y se enumeran los cambios que se deben introducir para asegurar el abastecimiento continuo de los alimentos, contribuir a reducir la alta dependencia de las importaciones y los efectos bruscos de las fluctuaciones de precios de esos productos en los mercados internacionales.

 

La puesta en marcha de la Estrategia Agro21 comprende una relación muy estrecha entre actores públicos y privados. Desde la perspectiva de los servicios públicos, una de las características de este proceso es el cambio de enfoque en la formulación de las políticas y en la programación de actividades en función de la demanda.

 

La construcción e implementación de las políticas y acciones que fomenten la competitividad agropecuaria debe ser una tarea compartida entre actores públicos y privados, para lo cual la organización y armonización de intereses juegan un papel básico.

 

En este escenario, se reconoce el papel central que deben jugar los actores privados en la promoción de la competitividad, en su condición de involucrados directos en el proceso productivo comercial, así como la necesidad de incrementar su capacidad propositiva y de negociación a través de la integración y definición de intereses comunes, con el concurso de un sector público participando como facilitador y proveedor de servicios para materializar las iniciativas privadas.

 

Avanzar hacia la competitividad agropecuaria requiere de esfuerzos que van más allá de vincular la producción primaria con las siguientes fases de la cadena de producción y comercialización; se requiere además de canalizar servicios de apoyo, oportunos y eficientes y especialmente, integrar intereses y generar capacidades propositivas y de ejecución. El Estado debe contribuir con estos aspectos promoviendo el desarrollo de estrategias y mecanismos que promuevan la integración público privada, centrada en un papel activo de estos últimos.

 

Si en el pasado la formulación de políticas tuvo un enfoque desde la oferta, hoy por el contrario, los actores privados tienen un papel protagónico en su formulación y ejecución, sin dejar de lado, las funciones y atribuciones que por ley le corresponden al Estado.

 

De conformidad con lo anterior se propone una nueva organización, publico – privada, mediante el establecimiento de comisiones nacionales de cadena para los sistemas agroproductivos, que en forma voluntaria y formal, quieran organizarse para buscar soluciones integrales a problemas específicos y para trabajar conjuntamente en alcanzar la visión y objetivos propuestos.

 

El enfoque de cadenas agroproductivas-CAP permite organizar, integrar y relacionar a los actores de las cadenas, crear consensos respecto de las principales líneas de trabajo que deben desarrollarse para estimular su competitividad; el enfoque es incluyente, contribuye a crear confianza entre los actores y favorece la optimización de los recursos productivos.

 

Para hacer operativo el enfoque de cadenas, es necesario organizar y sistematizar el diálogo entre los actores de las cadenas. Con tal propósito, para cada una de las CAP se conformará una comisión nacional de cadena- con representación de los actores de cada eslabón. Esta será la responsable de dar seguimiento a la ejecución de los acuerdos y velar por el cumplimiento de ellos.

 

El consenso entre los distintos eslabones de la cadena y el gobierno será expresado mediante un compromiso formal “un acuerdo de competitividad”, sobre líneas de trabajo, acciones, cambios, inversiones, programas etc., que ayuden a la CAP a fortalecer su capacidad para participar en los mercados en forma duradera.

 

Un aspecto clave se refiere a la formalidad de los acuerdos y al grado de compromiso que este proceso requiere. Al reconocer que esta forma de trabajar, alrededor de consensos, corresponde a una nueva cultura que busca sustituir la confrontación por la colaboración, se considera fundamental apuntalar el proceso mediante un adecuado respaldo político y jurídico. Especialmente porque muchos de los acuerdos requerirán de la participación y contribución de diversas instituciones publicas, asociaciones privadas, gremios, y otras organizaciones.

 

La puesta en marcha de un enfoque de cadenas agroproductivas permite cumplir con los mandatos del sector publico y a la vez retroalimentarse de las demandas formuladas por el sector productivo y construir en conjunto las políticas y planes de acción por cada cadena agroproductiva.

 

 

 

Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica
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